Corre el año 1997 cuando toca el momento de liberalizar el mercado eléctrico, siguiendo una directiva de la Unión Europea. Hasta ese momento, a las compañías eléctricas se les reconocían unos costes por la generación de electricidad, fijados por el gobierno. Cuando llega el momento de la liberalización, se esperaba que el precio de la luz bajara, con lo que estas compañías tendrían problemas para terminar de amortizar las inversiones que habían realizado bajo el régimen anterior. Para evitar las pérdidas económicas derivadas de la liberalización del mercado eléctrico, se crean los Costes de Transición a la Competencia (CTC), un sistema de compensación que reconocía un precio mínimo de la luz.

El mecanismo era muy sencillo: si el precio de la electricidad bajaba por debajo de cierto límite (36 €/MWh), el gobierno compensaba las pérdidas. Por el contrario, si el precio era superior a ese límite, las eléctricas tenían que pagar la diferencia. La realidad es que el precio del mercado se fue manteniendo por encima del límite (tal vez tenga algo que ver la manipulación de precios por parte de las eléctricas), y para el año 2005 el saldo de los CTC era negativo, esto es, tocaba a las eléctricas devolver dinero. Por este motivo, en 2006 se elimina este mecanismo, pero se deja pendiente de liquidar la diferencia con las eléctricas.

Aunque no es fácil definir exactamente la cuantía de los CTC que han recibido las eléctricas, porque parte de ese dinero pasó a ser financiado por el déficit de tarifa, a fecha de hoy se estima que pueden ser más de 3400 millones de euros lo que las eléctricas nos deben en concepto de liquidación de los mismos. La distribución por compañías sería la siguiente: Endesa, 1.562 millones; Viesgo, 432 millones; Cantábrico, 155 millones; Fenosa, 276 millones e Iberdrola, 1.159 millones.

Ni José Montilla primero, ni Joan Clos después, ni Miguel Sebastián, reclamaron el pago de lo que las eléctricas habían cobrado de más. La dejadez del gobierno socialista del momento en reclamar la liquidación de estos 3400 millones de euros, provocó que en 2010 caducara el derecho a reclamar su cobro, con lo que estas compañías se han embolsado un dineral que no les corresponde, a cuenta del dinero de toda la ciudadanía. Esto lo sitúa como el mayor caso de corrupción española, muy lejos de otros casos como el de los ERE (700 millones de euros), Malaya (500 millones de euros) o la Gurtel (unos 100 millones de euros).

En 2013, desde la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético pusimos una demanda contra las puertas giratorias entre políticos y eléctricas, que posteriormente aumentamos para incluir la falta de cobro de los CTC. Como habréis visto ya en la prensa, la fiscalía anticorrupción ha empezado a investigar este hecho. Esperemos tener pronto noticias al respecto y que se empiece a aclarar de una vez los beneficios que han tenido las grandes compañías eléctricas.