El Secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, ha declarado esta mañana que el gobierno está ultimando un decreto que permitiría la reapertura de la central nuclear de Garoña, actualmente en parada, y oficialmente en cese de actividad desde el 6 de Julio de 2013. Ya he hablado en otras ocasiones sobre esta central, que lleva varios meses dando noticias contradictorias, pero no está de más recordar unos cuantos datos para refrescar cuál es su situación actual.

Garoña se puso en marcha en 1970, y es la central nuclear más antigua de en marcha en el estado. Su dueño es Nuclenor, una empresa formada al 50% por Iberdrola y Endesa. Se trata de una central pequeña, con una potencia de 460 MW, que ha estado generando tan sólo el 1.4% de la electricidad española. Su vida útil de diseño era de 40 años, con lo que en 2011 se terminaba su licencia de actividad. Aún así, el gobierno de entonces, presidido por Zapatero, decidió prolongar su vida útil hasta 2013.Si quisiera seguir funcionando después de 2013, la empresa debía solicitar un nuevo permiso, pero dejó pasar el plazo para hacerlo. Pasado el plazo para solicitar la prórroga, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) publicó que la única salida de la central era su cierre, el 6 de julio de 2013.

Esta central es gemela del reactor 1 de Fukushima, y precisamente debido a las nuevas medidas de seguridad establecidas tras el accidente de Japón, Garoña debía acometer una serie de obras de mejora de su seguridad, que se estimaban inicialmente en al menos 150 millones de euros. Además de esto, y debido al sobrecalentamiento del Ebro a su paso por la central, la cuenca hidrográfica le exige una remodelación de su sistema de refrigeración, para evitar que se aumente la temperatura del río por encima de 30 ºC, como ha venido sucediendo. Una obra similar en la central de Almaraz supuso una inversión de 30 millones de euros. La central debe acometer por lo tanto importantes obras de mejora si quisiera continuar en marcha.

A estas inversiones a realizar, se le suma el impuesto al combustible nuclear que el gobierno probó a finales de 2012. Este impuesto supondría 150 millones de euros, en palabras de Nuclenor, con lo que la central no sería viable económicamente. Esta es la justificación que dio la empresa para detener la producción de la central en diciembre de 2012, para evitar pagar este impuesto.

De todos modos, el gobierno ha demostrado por activa y por pasiva su deseo de mantener la central en marcha, y ha estado maniobrando durante más de un año, cambiando incluso las leyes a medida de los deseos de Iberdrola y Endesa. Primero expresa su deseo de permitir la prórroga de la central, aunque la empresa había dejado pasar el plazo para solicitarla. Para ello redacta un borrador de Real Decreto, que obtiene la aprobación del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Cristina Narbona, consejera del CSN, emite un voto privado negativo, en el que critica entre otras cosas las presiones recibidas por parte del gobierno, poniendo en duda la independencia del consejo. A pesar de esto, el gobierno deja pasar el plazo para publicar el Real Decreto, demostrando una vez más los bandazos que está dando en política energética. Posteriormente declaran la intención de crear la figura del «cese temporal de la actividad», que permitiría la puesta en marcha mediante un trámite simplificado, pero a fecha de hoy, varios meses después, todavía no se ha creado esta figura. Finalmente, en una enmienda del propio gobierno a la Ley del Sector Eléctrico recientemente aprobada, introdujeron una reducción del impuesto al combustible nuclear, que mejoraría los beneficios económicos de la central.

Ahora estamos a la espera de las nuevas sorpresas que nos traiga el decreto anunciado hoy, y cuáles van a ser las bases sobre las que el gobierno quiere dilatar la vida de esta central. Lo que tenemos claro es que no vamos a quedarnos en silencio ante este nuevo movimiento. La central de Garoña es obsoleta, ha sobrepasado su vida útil de diseño. Se ha declarado además que por motivos de seguridad y de protección del entorno debe realizar obras de inversión por valor de al menos 180 millones de euros. A esto se suma que se basa en una fuente de energía que es muy tóxica y peligrosa.

Por todo ello exigimos al gobierno que afronte de una vez la realidad, y admita el cierre de la central de Garoña. Es hora de cambiar de modelo energético, abandonando las fuentes de energía peligrosas y contaminantes, para retomar la vía de las energías renovables, autónomas y limpias. No hay marcha atrás en este proceso.

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Aitor Urresti

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