En esta entrada voy a basar la explicación de la reforma eléctrica 
que tengo que hacer hoy en la asamblea de Bizkaia de Goiner.

La primera idea que tenemos que tener, es que la política energética del actual gobierno se está basando en dos grandes ejes: la improvisación y el ataque a las energía renovables. Desde que Soria asumió el puesto de Ministro de Energía, ha aprobado una decena de normativas diferentes en este sector, además publicarse varios borradores de decretos todavía por aprobar. La mayoría de estas normativas se están basando en dos grandes mentiras, y una verdad a medias, todas ellas basadas en las campañas de lavado de imagen de UNESA:

• Mentira 1: El déficit de tarifa está desbocado, y las culpables son las renovables. El déficit de tarifa no es más que una trampa contable que se inventó en su día el gobierno de Aznar para evitar subir el recibo de la luz lo que correspondía. Es la diferencia entre los costes reconocidos del sistema y los ingresos vía factura. La clave en todo esto es que los costes del sistema están reconocidos, pero muchas de las partidas no están auditadas, con lo que no se sabe si esos costes son reales o no (1). No se puede decir qué parte de los costes del sistema son los culpables del déficit, pero lo que tenemos claro es que las primas a las renovables sólo suponen el 16% de los costes del sistema.
• Mentira 2: Las renovables son caras, y son las que suben el precio de la luz. Aquí hay que ser tajantes, las renovables son más baratas que otras fuentes, y así lo ha reconocido el gobierno en varios documentos oficiales. Pero además de esto, las renovables suponen un importante beneficio a la sociedad, al reducir la compra de combustible del exterior, bajar el precio del mercado eléctrico, generar puestos de trabajo, y reducir las emisiones de contaminación a la atmósfera. Los datos disponibles dicen que el beneficio que aportan las renovables es casi el doble de lo que suponen sus primas (2), sin contar la generación de empleo.
• Verdad a medias: Ha habido un descontrol en la instalación de nuevas instalaciones de generación, sobre todo en las renovables. En los últimos años ha habido un gran crecimiento de nuevas instalación de generación eléctricas, que hacen que en estos momentos nuestra capacidad instalada se de más del doble del record histórico de consumo. Pero no es cierto que este descontrol se haya dado en las renovables. Mientras que las instalaciones fotovoltaicas, en manos de pequeños inversores en su mayoría, han aumentado en 4 GW, las eólicas en gran medida en manos de las grandes eléctricas han aumentado en 12 GW, pero los ciclos combinados han aumentado hasta los 12.5 GW. El descontrol real se ha dado en las centrales de ciclo combinado, que queman gas natural, y en la eólica, ambas en manos de las grandes eléctricas. Resulta muy curioso que quienes más están protestando contra este descontrol sean las empresas del oligopolio, y lo hagan señalando a la fotovoltaica.

La mayor reforma del sector eléctrico se aprueba en Diciembre de 2013, como la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico. Esta reforma se presenta como la ley que va a terminar con el déficit de tarifa, o así lo explicita el ministro, pero se equivoca en el análisis previo, y no resuelve los grandes problemas del sistema. Las grandes medidas de la nueva ley las podríamos resumir así:

• Desaparecen las primas a las renovables, y se sustituyen por un concepto llamado rentabilidad razonable. Se trata de un pago por instalación, en función del coste de inversión de instalaciones tipo. El sistema se vuelve mucho más complejo que el anterior, al pasar por ejemplo de 91 instalaciones tipo, a casi 500, sólo para la fotovoltaica. Además anualmente se revisan esos pagos, con lo que resulta muy complicado a priori determinar si una instalación va a ser rentable o no.
• El cambio en las primas se hace con carácter retroactivo, a todas las instalaciones en marcha. Muchos inversores se lanzaron a instalar renovables ante la promesa por parte del estado de una retribución determinada, que ahora se modifica en general a la baja. Se atenta por lo tanto contra la seguridad jurídica de estos inversores, aunque curiosamente se escapa cierta termosolar de esta retroactividad.
• Se modifica la prioridad de acceso. Las renovables seguirán siendo las primeras en entrar en el sistema, junto con la nuclear y la hidráulica. Pero cuando tengan que pararse para mantener en marcha las nucleares, no recibirán compensación de ningún tipo.
• Se define el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), que será fijado por el gobierno, y que es el precio máximo que podrán cobrar las comercializadoras de referencia, que son las cinco de UNESA.
• Se establecen y cuantifican mecanismos para el control del déficit de tarifa.
• Se aumenta el límite mínimo de consumo de combustibles nacionales (3), duplicándose del 7.5% anterior al 15%. Estos combustibles están recibiendo también primas por su uso.

Esta ley tiene carencias muy importantes que no podemos dejar de lado:

• No parte de la realidad. El sistema eléctrico es muy complejo, y cualquier reforma que se quiera hacer en el mismo debería partir de un análisis de los mecanismos de fijación de costes. Por eso mismo llevamos tiempo pidiendo una auditoría del sistema eléctrico, de los costes reconocidos, y del déficit de tarifa.
• Se carga gran parte de la culpa del déficit de tarifa sobre las renovables, que es sobre las que recae el mayor cambio normativo. Las medidas adoptadas suponen un parón muy importante a un sector pujante, que lleva dos años de moratoria, y se enfrenta a una inseguridad jurídica que nos va a causar más de un problema con la justicia internacional.
• Se modifica el sentido que tienen las primas a la renovables. Las primas no son un incentivo a la inversión en estas fuentes de energía, como hace entender la nueva ley. Las primas a las renovables son el reconocimiento de los beneficios que las renovables aportan al sistema eléctrico y a la sociedad, al reducir la compra de combustible del exterior, bajar el precio del mercado, y reducir la contaminación. Como estos beneficios no se pueden reconocer en el precio del mercado, se reconocen vía primas.
• No se regula el mercado eléctrico, que no es adecuado para nuestro actual sistema eléctrico, tal y como comentaba en mi entrada El mercado eléctrico, empieza el truco del trilero.
• Sigue sin regular el autoconsumo. En un momento en el que es más económico producir nuestra propia electricidad en lugar de comprarla, el gobierno deja esta modalidad en el limbo económico. Si bien regula las modalidades de autoconsumo en la nueva ley, no establece los criterios económicos en los que se va a basar por ejemplo la cesión de electricidad a la red. A esto se suma el borrador de decreto de condiciones económicas, pendiente de aprobación desde hace meses, y que amenaza con la inclusión del denominado «peaje de respaldo», que no es otra cosa que un impuesto sobre el uso del sol o el viento de una cuantía tal, que haría inviable económicamente este tipo de instalaciones.

Por todo esto, no resulta nada extraño que casi toda la oposición firmara un compromiso de derogar la ley en cuanto haya un cambio de gobierno. Aún así, la pirueta política más divertida que estamos viendo estos días, es al Gobierno Vasco «demostrando» su rechazo a esta reforma, cuando el PNV fue uno de los pocos que apoyó al PP para sacar adelante la ley.

————————————————————————————————

(1) Tengo pendiente escribir una entrada larga sobre el déficit de tarifa que aclarará mejor esta idea. En cuanto esté publicada, la enlazaré aquí.
(2) Según el último informe de APPA, el beneficio de las renovables en bajada del precio del mercado eléctrico, reducción de compras de combustible y reducción de emisiones de CO2, han sido más de 50.000 millones de euros, mientras que las primas a las renovables no han llegado a los 27.000 millones de euros.
(3) El combustible nacional disponible ha sido el carbón hasta ahora, pero seguro que también están pensando en el gas de fracking si se desarrolla.